La seguridad pública y la privada tienen funciones distintas y deben seguir criterios de actuación regulados en las normativas de cada país. La seguridad privada debe atender necesidades enmarcadas dentro del ámbito privado cubriendo necesidades de personas y empresas que están en su derecho de garantizar sus bienes, propiedades y negocios, entre otros.
La colaboración entre ambas seguridades es imprescindible y queda patente en la protección y control de sedes de organizaciones tanto públicas como privadas que requieren de coordinación con la policía del país. En España dicha coordinación está encomendada a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y, a nivel nacional, a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior.
Se ha celebrado una actividad telemática sobre la colaboración entre la seguridad privada y las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos.
El objetivo de la actividad ha sido dar a conocer a los 17 países latinoamericanos participantes en el proyecto, las buenas prácticas de España en el trabajo colaborativo entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el sector privado para aumentar la seguridad ciudadana y para adaptar protocolos de actuación y colaboración frente a la COVID19.
Más concretamente, se ha presentado la experiencia española del Plan Integral de Colaboración entre la Policía Nacional y la seguridad privada (Red Azul Nacional), del “Protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud”, y del “Plan de acción de lucha contra los delitos de odio”, en el ámbito de la seguridad privada. Asimismo, se han propuesto mejoras como la creación de unidades de Seguridad Privada en las policías estatales y mayor coordinación a través de redes de cooperación entre América y Europa.
EL PAcCTO: Apoyo a Ameripol es un proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, que busca fortalecer las capacidades de cooperación internacional de los cuerpos policiales y mejorar la coordinación con los ministerios públicos y el poder judicial de los países socios para combatir la criminalidad.