La eficacia en la lucha contra la delincuencia transnacional requiere que los sistemas jurídicos guarden importantes puntos de homogeneidad. La puesta en marcha de políticas de seguridad de los Estados es estéril sin que existan marcos normativos e institucionales que permitan articular mecanismos eficaces de combate contra la lacra de la criminalidad organizada dentro y fuera de las fronteras.
Por eso, son imprescindibles tanto una tipificación penal mínimamente uniforme como unas técnicas cada vez más avanzadas de investigación comunes que cumplan las exigencias propias de los modernos Estados de derecho. Con otras palabras, la eficacia de una política penal internacional descansa sobre la existencia de sistemas nacionales que se reconozcan recíprocamente.
La Declaración de Lisboa: un antes y un después
La Declaración de Lisboa, firmada en junio de 2021 e impulsada por EL PAcCTO, sentó las bases que permitirán definir de manera adecuada los estándares del funcionamiento de la justicia ante los retos presentes y futuros y estableció la creación de un comité técnico de seguimiento. A través de esta fórmula, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) decidieron elevar al nivel estratégico continental las políticas de justicia desde planteamientos basados en la cooperación y la coordinación entre las principales instituciones en la materia. Además, abrieron la posibilidad de contar con las instituciones de la Unión Europea en la definición de las materias de mayor importancia.
La conformación en la ciudad de Lima en octubre de 2021 de su comité técnico asentó en el plano operativo el acuerdo alcanzado por las máximas instituciones continentales en materia de justicia, en este caso, con la presencia de Eurojust.
Materias como el apoyo a las redes operativas de fiscales; la mejora de la legislación sobre prueba electrónica; la adaptación de la normativa penal sobre cibercrimen, delitos medioambientales y de lavado de activos; la independencia de los poderes judiciales y los ministerios públicos; la cooperación jurídica internacional y sus garantías, entre otras la protección de datos; la gestión cautelar y el reparto de bienes procedentes del delito; la consolidación del marco normativo sobre transmisión electrónica de peticiones de cooperación penal, así como la digitalización de su creación; la consolidación del funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación; la mejora de los mecanismos de ejecución transfronteriza de sentencias y otras medidas, por ejemplo las que establecen órdenes de protección; o la consolidación del buen funcionamiento de las autoridades centrales constituyen los ejes prioritarios para el año 2022, pero no sólo para este año.
En realidad, la creación de un espacio permanente de cooperación de las instituciones en el ámbito regional latinoamericano ha permitido establecer para más allá de 2022 las prioridades de la lucha contra la criminalidad organizada y ha puesto a la justicia en el centro de esta importante política pública, con base en principios compartidos en dos continentes.
El funcionamiento de las instituciones regionales que agrupan los ministerios de justicia, los ministerios públicos y los poderes judiciales es sólido y por esta razón la Declaración de Lisboa suscrita por todas ellas constituye uno de los hitos fundamentales de los últimos años en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional y en defensa del Estado de derecho y deja marcado el camino para los años que siguen.
Antonio Roma, Coordinador del componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia de EL PAcCTO