El programa de la Unión Europea EL PAcCTO ha reunido en Quito a representantes de 12 países de Latinoamérica especializados en cibercrimen para celebrar un taller enfocado en la lucha contra el abuso sexual a menores. Los objetivos generales del encuentro son la armonización de procedimientos, metodologías de investigación y persecución de delitos cibernéticos y la generación de una dinámica de trabajo interinstitucional e internacional frente al cibercrimen.
Miembros de la fiscalía y policías especializados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paragua y Uruguay, analizarán las capacidades, posibilidades y necesidades prácticas en la investigación policial y fiscal contra el uso y distribución de pornografía infantil, identificarán carencias legislativas u organizativas de los diferentes países participantes y propondrán medidas para fortalecer la cooperación internacional en materia de cibercrimen. Todo ello se plasmará en diversos documentos que recogerán pautas de trabajo y procedimientos internos que servirán para armonizar los procesos de los diferentes países. Cabe destacar que es la primera vez que se reúne un equipo multidisciplinar y multinacional al respecto, con un compromiso firme de combate a los abusos sexuales a menores.
En el taller que se celebra del 23 al 25 de octubre participan también dos expertas de la Fiscalía de Criminalidad Informática y de la Guardia Civil de España, especializadas en este tipo de delitos.
La protección de la infancia es un compromiso común de Latinoamérica y de la Unión Europea. De hecho, la mayoría de los estados latinoamericanos han incluido en sus legislaciones los delitos de creación de material pornográfico con menores, su difusión o intercambio y su mera posesión.
EL PAcCTO es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP y Expertise France con la ayuda del Instituto Italo-Latino Americano (IILA) y el Instituto Camões de Portugal. Su principal objetivo es la lucha contra el crimen organizado a través del fortalecimiento de las instituciones que se encargan de velar por la seguridad de los ciudadanos en 18 países de Latinoamérica.