La Covid19 y las respuestas de los gobiernos para hacer frente a la pandemia han condicionado la manera en la que se organiza la administración de la justicia en América Latina.
Las medidas de confinamiento y distanciamiento social aplicadas como respuesta a la pandemia han producido diversos efectos. Plantean retos y abren oportunidades para las instituciones encargadas de la procuración de la justicia.
Con la finalidad de intercambiar información y experiencias, el pasado 20 de mayo, se dieron cita 30 representantes de 17 Ministerios Públicos de América Latina y España en una reunión virtual celebrada en el marco del Canal Justicia COVID del programa EL PAcCTO.
Impacto del uso de las TIC en el ámbito de la justicia
Ante las medidas de confinamiento y distanciamiento social, los sistemas de justicia de la región tuvieron que adaptar sus procesos organizativos. Se priorizaron los procesos más urgentes y otros se paralizaron. Se promovió el trabajo a distancia ante la falta de condiciones de las oficinas para aplicar las medidas de bioseguridad implementadas en el marco de la pandemia. También el uso de videoconferencias por los jueces, la activación de comunicaciones electrónicas para canalizar denuncias, para las audiencias de los detenidos y para requerimientos de asistencia. Todas ellas son herramientas que, en muchos casos, ya estaban disponibles y se están explotando en los sistemas de justicia de la región.
Entre los efectos mencionados por los participantes destacan los del tipo organizativo. Principalmente relacionados con la rápida adaptación y aumento exponencial del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos judiciales. Todos ellos con efectos positivos en términos de eficacia y agilidad en la respuesta a los ciudadanos.
No obstante, hay diferencias entre países. En algunas fiscalías esta adaptación no se ha extendido. En otras, los procesos siguen siendo presenciales aunque los documentos están siendo digitalizados para continuar con la actividad. Uno de los retos en este sentido tiene relación con la brecha digital en el interior de los países y con el cambio en la cultura organizacional en el interior de las instituciones.
Esto abre oportunidades para repensar en la necesidad de dejar atrás el papel. También en la obtención de evidencia digital, en cómo llevar una administración de la justicia vía remota y en explorar el uso de las redes sociales. Herramientas útiles para la administración de la justicia.
La importancia de la cooperación interinstitucional e internacional
Durante la pandemia muchos requerimientos de asistencia se paralizaron, excepto los más urgentes. La cooperación directa o informal entre ministerios públicos ha sido oportuna y reconocida a nivel judicial frente a la complejidad de la asistencia jurídica formal. Se han podido mantener investigaciones relevantes que han necesitado de la cooperación con otros países.
En este sentido, ha surgido la petición de promover que más países de la región se adhieran al Convenio de Budapest. El objetivo es promover una cooperación más efectiva y eficaz para hacer frente a los delitos informáticos y en Internet. También promover la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional en el marco del Convenio de Medellín de la COMJIB. En este sentido, el Programa EL PAcCTO está implementando una herramienta telemática para gestionar las peticiones de asistencia judicial internacional, inspirada en el programa Prontuario, para posteriormente comenzar su implantación en los países de la región
En la reunión virtual se ha puesto de relieve la oportunidad para explotar aún más la cooperación interinstitucional que ya se está viendo en el marco de la red de cooperación de la AIAMP, que actualmente está recogiendo y sistematizará en una publicación las buenas prácticas que se están dando en la región entre las fiscalías. También quedan por explorar mayor interconexión de redes de la AIAMP y con otras redes, así como grupos dentro del macro sistema de justicia criminal.
La evolución de los delitos durante el confinamiento
El confinamiento, así como el uso cada vez más extensivo de Internet para establecer las relaciones de trabajo, de socialización y ocio ha aumentado el número de algunos tipos de delito. Tal es el caso de delitos relacionados con el cibercrimen; estafa y delitos financieros; contra la administración pública, especialmente porque los procesos acortados por la emergencia abren posibilidades de delitos de corrupción; drogas y delincuencia organizada; delitos de infracción de las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos, el tratamiento de las fake news y sus efectos que demanda una regulación específica. Especialmente generalizado y preocupante en la región es el aumento de la violencia de género.
Las respuestas a la evolución de los delitos de los países han sido variadas. Por ejemplo, en Brasil se han creado grupos de trabajo para dar apoyo a aquellos fiscales que están tratando contra delitos informáticos. Incluso cuando tienen que hablar con las compañías de servicio de internet y seguridad en las comunicaciones. En Panamá, se han creado comités institucionales en temas relacionados con la COVID19. También se han propuesto buenas prácticas del Ministerio de Seguridad como el uso de plataformas tecnológicas para denuncias de la ciudadanía y sistemas de control de medidas sanitarias.
Aún quedan preguntas sobre las herramientas que están utilizando los ministerios públicos, cómo se están planificando la salida a la nueva normalidad. La posibilidad de establecer canales de comunicación internos para compartir documentación, así como los retos de coordinación en el interior de cada país y de la cooperación con los demás países. En definitiva, esta es una oportunidad para recuperar lecciones o buenas prácticas para enfrentar futuras situaciones de crisis o pandemia.