Se calcula que alrededor de 360 millones de personas en más de 70 países del mundo pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto representa un 6,5% de la población mundial con más de 5000 pueblos indígenas y abarcan el 22% de la superficie de la tierra. Se estima que representan el 80% de la biodiversidad del planeta.

EL PAcCTO, en su lucha contra el crimen transnacional organizado, ha detectado que las comunidades indígenas se encuentran en primera línea frente los delitos ambientales que sufren diariamente, además de la afectación que les produce el cambio climático. La desforestación de sus tierras es común desde hace décadas. Lo hacen grupos organizados que se apropian de sus riquezas y de los recursos naturales que allí se encuentran

Por eso, hemos impulsado el estudio de casos concretos en Brasil, Colombia y México. En sus conclusiones, los expertos evidencian que las acciones de las organizaciones criminales sobre las tierras de las comunidades indígenas han aumentado la contaminación y causados problemas de biodiversidad. Afecta, además, a la vida y el normal desarrollo de las comunidades. Les obliga a desplazamientos forzosos por motivos de violencia, desaparición de algunos de sus miembros de la familia o secuestros; y a vivir presenciando delitos como minería ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas, tala de madera y trata de personas.

Durante la presentación de estos estudios se destacó que el crimen organizado actúa motivado por el lucro y la explotación de las comunidades indígenas y las riquezas naturales de las tierras que estas ocupan. Las utilizan para la explotación y tráfico de los recursos. El narcotráfico es el delito con más impacto en el desarrollo normal de la vida de los pueblos indígenas.

El caso de México

En México, la población indígena representa entre el 8 y el 10% de la población del país. De ellos, el 70% se encuentra por debajo del nivel medio de desarrollo arrojando niveles muy críticos en su economía, salud, educación y desarrollo cultural. Los delitos en México se van diversificando cada vez más en todo el territorio. El narcotráfico en el norte del país, el cultivo de drogas en el occidente, la trata de persona y el tráfico de armas al sur del país… todos ellos ocasionan desplazamientos forzados, homicidios, aislamiento y marginación que se ven reflejadas en la vida y desarrollo de las comunidades indígenas.

Además, el experto investigador destacó la falta de atención por parte de los tres niveles de gobierno para proteger y brindar la seguridad a través de políticas púbicas eficientes que ayuden a la protección de estas comunidades y sus tierras.

La realidad en México es muy compleja por su situación geográfica. La frontera que comparte con los Estados Unidos facilita el consumo de estupefacientes y el tráfico de armas. Esto fortalece a los grupos que cada vez están más consolidados y les permite ampliar su territorio.

El caso de Brasil

Se sabe que la deforestación se produce antes que cualquier otro crimen realizado por organizaciones criminales y que la desforestación en Brasil, durante el año 2020, fue la más grande de la última década. La situación económica y la inmigración ilegal agravan la situación.

En el Amazonas, la minería ilegal ocasiona graves problemas con el ingreso de maquinaria pesada y el uso de sustancias químicas y toxicas que han causado la destrucción de cientos de hectáreas de tierras y contaminados ríos.  Delitos como la pesca furtiva contra especies protegidas y el tráfico de vida silvestre son obstáculos para el buen desarrollo del hábitat de cada una de las diferentes comunidades existentes.

El narcotráfico, trata de personas, tala ilegal, minería ilegal, usurpación de territorios, la violencia y falsificación de documentos, la corrupción y el lavado de activos son delitos que afectan gravemente a toda la región y a sus pueblos indígenas recalcable. Por otra parte, no hay estudios que muestren la actuación y afectación de los grupos criminales en las comunidades indígenas.

También se ha destacado el incremento del cultivo de marihuana en ciertas tierras fronterizas con una amplia expansión de las rutas de narcotráficos en las que una minoría de indígenas varones participan volviéndose traficantes y causando prejuicio y estigmatización en la comunidad.

Los derechos humanos y la violencia de género

La violación de los derechos humanos es una problemática entre las comunidades indígenas y afrodescendientes. Un ejemplo son los asesinatos a líderes, la impunidad y la violencia de género hacia las indígenas que son discriminadas por ser mujeres, pobres e indígenas. Esto las hace más vulnerables y con más posibilidades de caer en las redes de trata y tráfico de personas, así como la violencia de género.

La falta de herramientas jurídicas adecuadas hace que todos estos delitos y abusos crezcan y que las mujeres, que son las principales voces en la lucha, se vean sometidas y silenciadas por los grupos criminales.

Una actuación conjunta de los gobiernos

Según el experto investigador de Brasil, en vista del olvido de los gobiernos a la problemática de los indígenas en algunos casos la autodefensa de los guardianes del bosque se ven lideradas por ellos en acciones que deberían ser aplicadas por el gobierno, conformando policías comunitarias y enfrentándose a los grupos organizado que en muchos casos causan muertes y aislamiento de las comunidades.

Es indispensable atender por todos los frentes la problemática causada en el desarrollo normal de la madre tierra y de las comunidades indígenas, no solo en el ámbito de seguridad y justicia sino también en la situación de vulnerabilidad en las que actualmente se encuentran las comunidades. Tanto los gobiernos que comparten territorios de comunidades afectadas como la sociedad en acompañamiento con instancias institucionales deben cohesionar esfuerzos y actuar en conjunto para cambiar la situación actual. También para implementar políticas públicas potentes y estrategias comunitarias orientadas al sentido de pertenencia de las comunidades que minimicen la burocratización de la cooperación transfronteriza.

Se reclama la presencia permanente de los Estados en las zonas ya recuperadas del crimen organizado porque esos mismos grupos regresan y toman las mismas tierras ya desforestadas volviendo a incidir en la vida de las comunidades. Según el experto investigador, en Brasil hay una debilitación grave de los órdenes de control que no va lo suficientemente orientada a la búsqueda de las soluciones como la fiscalización ambiental ni la lucha contra el crimen.

El programa EL PAcCTO continuará trabajando en la lucha contra los grandes grupos criminales y trabajará para que más países del continente se unan en esta línea de trabajo y se pueda sensibilizar a los gobiernos y sociedades sobre la problemática, en la actualidad se está trabajando con Bolivia, Ecuador y Perú para identificar el impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas de estos países. Se espera poder desarrollar actuaciones específicas al respecto en 2021 y 2022.