La tercera edición de La hora de EL PAcCTO tenía como objetivo debatir sobre como perjudica el crimen organizado a las comunidades indígenas, visibilizar la existencia y singularidad de estas comunidades, sus costumbres ancestrales, así como las necesidades específicas, tanto sociales como de seguridad a las que se enfrentan
Además, en este espacio de comunicación hemos podido cómo afecta a las comunidades indígenas las acciones específicas que llevan a cabo los grupos organizados. Los hemos hecho desde una perspectiva diferente, teniendo en cuenta sus voces, cultura e identidad y ahondando en los perjuicios que supone, para los pueblos indígenas, la existencia de tensiones territoriales y ambientales en sus tierras.
La inauguración contó con la participación de Jorge de la Caballería, jefe de Unidad de la DG INTPA de la Comisión Europea. De la Caballería afirmó que este tipo de eventos son de vital importancia para poder llegar a una solución en temas importantes para las dos regiones. «una temática rica y compleja ligada a tensiones de todo tipo e índole, territorial, ambiental y ligada igualmente a la problemática penitenciaria que sufren estos colectivos”. De la Caballería abogó por buscar estrategias eficientes para reducir las amenazas que sufren estas comunidades.
Las comunidades indígenas son discriminadas y maltratadas
La población indígena en América Latina y el Caribe asciende a unos 55 millones de personas, lo que es el 8,5% de la población total. Se estima que en la región existe 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México.
Para conocer la situación real de las comunidades indígenas se contó con el testimonio de Jane Felipe Beltrão, antropóloga brasileña que reconoció que la situación en América Latina es crítica, ya que “Al igual que en Centro América, en Brasil existen movimientos indígenas activos fuertes y solidos que crean situaciones muy violentas y peligrosas en las zonas fronterizas”. Las comunidades indígenas no reconocen las fronteras artificiales creadas por el Estado, lo que lleva a crear conflictos con mucha frecuencia”, Beltrão expresó la necesidad de ayudar a esas comunidades que conviven con las actividades criminales de las organizaciones delictivas.
La defensa de los activistas de los derechos humanos
Luciana Peri, coordinadora del programa de la UE Protect Defenders comentó que hay una gran variedad de amenazas a las que se enfrentan las personas defensoras en general y, en particular, las que defienden los intereses de las poblaciones indígenas.”Estas amenazas en la mayoría de los casos son directas: verbales, digitales, persecución, acoso policial, agresiones físicas y/o secuestros, pero la criminalización es un problema grave a las que se enfrentan los defensores ya que las acciones judiciales a las que les someten los gobiernos, las fuerzas de seguridad o los funcionarios públicos en muchos casos les desmotiva a continuar con la lucha”.
Ricardo Pael del Ministerio Público de Brasil explicó que la falta de presencia del Estado en zonas donde hay comunidades indígenas los hace vulnerables y victimas del crimen organizado. “Existe una ausencia de delimitaciones geográficas y de seguridad lo que lleva a una invasión por medio de grupos organizados que utilizan esas tierras para la explotación de las riquezas y el cultivo de droga”.
Adrien Ortelli de la Agencia Regional de la Salud de Francia, explicó las consecuencias de la minería ilegal en la salud de las comunidades indígenas. “En la Guayana Francesa hay diez mil mineros ilegales que cada año extraen diez toneladas de oro, diez veces más que la minería legal. El mercurio que se utiliza para la extracción de oro contamina el agua y el suelo lo que hace que se contaminen los alimentos y peces que ingieren los indígenas”
Existen estudios que certifican que hay comunidades indígenas con un alto nivel de mercurio en el cabello, esos altos niveles de contaminación tienen efectos graves sobre el sistema nervioso, “hablamos de insomnio, temblores, pérdida de memoria y disfuncionamiento cognitivo y motriz”, acotó.
Las comunidades indígenas y la problemática penitenciaria
Daniel Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Paraguay, expuso la situación de las comunidades indígenas que son víctimas del crimen organizado y dio a conocer la problemática penitenciaria a la que se enfrenta la población indígena privada de libertad que van desde la aculturación y desarraigo hasta las acciones del crimen organizado que les afectan en el ámbito penitenciario.
Benítez explicó que cuando las comunidades indígenas se enfrentan a problemas judiciales, entran en un sistema de abandono, no se les aplica la normativa constitucional que se exige para los pueblos originarios y por delitos menores son enviados al sistema penal común y precario, donde no se cuenta con el espacio suficiente ni adaptado para ellos. Sufren, además, discriminación por situación económica, social y cultural, lo que hace que no estén fuera del alcance de los grupos que les asecha.
El Ministerio de Justicia de Paraguay trabaja en nuevas penitenciarías con un enfoque nuevo, adaptado a las comunidades condenadas en el que puedan tener su propio espacio, en el que estén clasificados en un sistema y ambiente donde se les respete su cultura, creencia, etnia y derechos humanos.
¿Qué puede aportar la administración pública?
Los recursos naturales presentes en tierras indígenas han llevado a que, en los últimos años, las organizaciones criminales transnacionales hayan aumentado la violencia por el control y uso de estos territorios. Todo esto ha acarreado consecuencias para estas comunidades como el aumento de la violencia, los desplazamientos forzosos, las coacciones, de la explotación laboral/sexual y del número de homicidios, entre otros.
Los estudios publicados por EL PAcCTO sobre el impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas de América Latina específicamente en Brasil, México y Colombia, aportan recomendaciones para apalear la situación, como por ejemplo, una mayor sistematización de las diversas informaciones de crímenes en zonas indígenas para que los agentes públicos que actúan en el combate al crimen sepan que el crimen que se percibe en las tierras de las comunidades puede ser enfrentado de manera eficaz.
EL PAcCTO trabaja para buscar soluciones y acuerdos entre los actores encargados de velar por la seguridad de las comunidades indígenas que son marginadas y despojadas de sus tierras. En los próximos meses se presentará el estudio sobre Bolivia, Ecuador y Perú.