Hasta el año 2016, no existía norma alguna, dentro de la administración pública en el Perú, que, de manera expresa, estuviera orientada a brindar protección y beneficios al denunciante sobre hechos de corrupción. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1327, de enero de 2017, se establecen procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias, realizadas de buena fe, de actos de corrupción y sancionar las denuncias de mala fe.
El artículo 12° de la norma establece los siguientes beneficios para el denunciante:
- Reserva de identidad: El denunciante tiene derecho a la reserva de su identidad, que será dispensada por la entidad, la cual le asigna un código numérico especial para procedimientos. La protección de la identidad puede mantenerse, incluso, con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción de la falta contraria a la ética pública denunciada.
- Medidas de protección laboral: La autoridad administrativa competente puede otorgar las medidas de protección laboral necesaria y adecuada.
- Otras medidas de protección: La denuncia presentada por un postor o contratista no puede perjudicar su posición como postor en el proceso de contratación en el que participa o su posición en la relación contractual establecida con la entidad. Tampoco puede perjudicarlo en futuros procesos en los que participe. Si la denuncia se dirige contra servidores civiles que tengan a su cargo el proceso de contratación en el que participa el denunciante, la entidad dispondrá, previa evaluación, su apartamiento del mismo, conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. La interposición de una denuncia no servirá en ningún caso para paralizar un proceso de contratación del Estado.
Como puede apreciarse, hoy existen mecanismos eficaces que no sólo han permitido incrementar la cantidad de denuncias dentro del sistema penitenciario, sino que, además, ha mejorado la calidad de las mismas, al disminuirse la posibilidad de represalias, debido a la reserva de la identidad del denunciante.
De esta manera la Oficina de Asuntos Internos del INPE durante el año 2018, en mérito a denuncias de los internos, sus familiares y los ciudadanos en general, protegidos con clave de reserva de la identidad y en coordinación con la Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha logrado la detención en flagrancia de un servidor de la entidad, y otros servidores, pese a no haberse logrado su detención, vienen siendo investigados penalmente. Hechos que no ocurrían antes.
Logros que no podrían alcanzarse si la Oficina de Asuntos Internos, no contara con el compromiso de lucha contra la corrupción, por parte de los titulares de la entidad y los funcionarios de línea que los acompañan.
La implementación del sistema de gestión de denuncias, a través de la línea gratuita anticorrupción.
El INPE, cuenta con una Línea Gratuita Anticorrupción, desde el año 2012, a través de la cual los ciudadanos en general pueden presentar sus denuncias, ante posibles hechos irregulares o actos de corrupción, ocurridos en la entidad.
El sistema permite establecer la reserva la identidad del denunciante. Además, dicho sistema se complementa con las modalidades de recepción de denuncia: escrita, presencial y próximamente, de manera virtual.
Las denuncias que recibe la oficina de asuntos internos provienen, en su gran mayoría, de los propios internos y sus familiares, y, en menor frecuencia, de los servidores de la entidad.
Efraín Núñez Zelaya, jefe de la Oficina de Asuntos Internos del Perú y experto de EL PAcCTO.