La Agalychnis lémur o, comúnmente llamada rana de hoja de lémur es un anfibio de ojos resultones, verde amarillento con manchas oscuras en la parte dorsal, que vive en Centroamérica. Según recientes cálculos del Instituto Smithsonian, su población ha disminuido un 80% en los últimos años a causa de la pérdida de gran parte de su hábitat como consecuencia de la deforestación y de la acción humana.

Desgraciadamente, la rana de hoja de lémur es un ejemplo más de la rápida pérdida de biodiversidad que el planeta y, particularmente, la región de América Latina están sufriendo, donde aproximadamente el 83% de la vida silvestre ha desaparecido desde el 1970. Un dato, en parte provocado, por la desaparición del 20% del Amazonas en los últimos 40 años.

Ni los 3 – 4,5 centímetros de longitud de la rana de hoja de lémur, ni el hecho de que esté catalogada en peligro crítico de extinción, impiden que caiga en las redes de organizaciones criminales internacionales que, sin ningún pudor, las cazan para obtener pingües beneficios con su comercio ilícito.

 

La lucha contra la corrupción: un elemento esencial

Según estimaciones realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) e Interpol, los delitos ambientales mueven entre 110 y 281 mil millones de dólares anuales en todo el mundo. Una parte importante de este dinero va destinado a pagar sobornos.

En este sentido, los estudios de caso realizados por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) en 2017 establecen que aproximadamente entre el 4 y el 10 por ciento del valor de compra del marfil corresponde a sobornos. Una cifra que puede extrapolarse al conjunto de crímenes ambientales.

En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) enfatizaba que la corrupción ocurre en cualquier nivel, y puede tener lugar tanto en el momento de extracción, como en el destino final, pasando por procesos intermedios, e involucrando a funcionarios públicos de bajo y alto nivel, así como entes privados.

La penetración de la corrupción en los distintos niveles puede ser explicada de forma sencilla de la siguiente forma: el pequeño traficante de ranas de hoja de lémur, paga una “cerveza” al inspector de la calle, o da dinero para que el aduanero se compre un mejor coche; mientras el industrial que deforesta o arroja desechos que contaminan el medio ambiente invita a cenar a un líder político o le paga ingentes sumas de dinero. Todo esto es corrupción.

Es un hecho que el lucro rápido es un catalizador de la corrupción. Aún más cuando se trata de cometer delitos de bajo riesgo, poco control y, en muchos casos, no tipificados propiamente en los ordenamientos normativos de muchos países. Sin embargo, no podemos olvidar algunos problemas estructurales que nutren la corrupción en muchos países, como pueden ser la pobreza, los sueldos bajos, el factor cultural, la inexistencia o debilidad del Estado-Nación, o la escasez de voluntad política real para implementar medidas, entre otros.

No obstante, es importante prestar atención al factor cultural. El comercio ilícito de vida silvestre sigue teniendo un importante atractivo para los grupos criminales transnacionales por dos simples razones encadenadas: existe demanda y, como consecuencia, es lucrativo. Del mismo modo que alguien cree que tener en casa una rana de hoja de lémur le da estatus social y puede ser cool; otra persona considera que el consumo de la vejiga natatoria de la vaquita marina mexicana tiene (supuestas) propiedades medicinales. En este sentido, los aspectos culturales pueden legitimar el pago de sobornos para obtener el bien preciado.

¿Es el momento político adecuado?

La COVID-19 nos ha enseñado que el comercio ilícito de vida silvestre, así como la desaparición de la biodiversidad, nos hace vulnerables. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Conferencia de Seguridad de Munich del 2021: “la pérdida de biodiversidad es uno de los principales impulsores de las pandemias actuales y potencialmente futuras”. En consecuencia, atajar la corrupción es esencial para proteger la naturaleza y evitar tanto la pérdida de la biodiversidad como la aparición de futuras pandemias.

Desde la misma adopción de las Convenciones de Palermo (2000) y Mérida (2003), el tema ha estado latente en la agenda pública. No obstante, no fue hasta la adopción de la Resolución de 2016 sobre Prohibir, prevenir y combatir las actividades de facilitación de la corrupción realizadas en violación de la convención CITES, que el fenómeno ha estado en las agendas políticas de alto nivel.

Un ejemplo de la importancia política dada a la lucha contra la corrupción para proteger el medioambiente y atajar los flujos financieros al crimen organizado son los Principios de Alto Nivel del G20 para combatir la corrupción relacionada con el comercio ilegal de fauna y flora silvestres de 2017. Estos principios establecen una referencia estratégica para aquellos países interesados en el combate real a estos dos fenómenos.

En mayo de 2019, los presidentes de Colombia, Iván Duque Márquez, y Perú, Martín Vizcarra, firmaron una declaración conjunta de llamada para la creación de una Corte Internacional Anticorrupción (IACC). Desde entonces, ONGs, diplomáticos y líderes políticos se han adherido a la iniciativa. La creación de la IACC será tratada en la Sesión sobre corrupción de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá lugar del 26-28 de abril de 2021.

No hay duda de que la referencia estratégica sirve como base principal de trabajo entre países. Sin embargo, ¿hay voluntad política real? La respuesta a esta pregunta generalmente es “depende”. Depende del país, el momento político, los recursos disponibles, la cultura y la presión internacional que se pueda ejercer, entre otros.

A nivel estratégico-técnico la lucha contra la corrupción depende de factores que van más allá de la voluntad política. Por un lado, se requiere de la existencia de estructuras anticorrupción en el país, debidamente financiadas y especializadas. Además, es esencial tener mecanismos formales e informales de coordinación interinstitucionales e intercambio de información. Por otro lado, un aspecto necesario es la existencia de una legislación adecuada, modernizada y con aplicación posible.

A nivel operacional y técnico, es importante contar con equipos especializados en investigación patrimonial y flujo de activos criminales para analizar la procedencia de los mismos cuando se realizan grandes decomisos. Así mismo, el desarrollo de instrumentos de análisis de riesgo y el desarrollo de mecanismos electrónicos de seguimiento de comercio lícito pueden dar resultados operacionales interesante. No podemos olvidar que el delito ambiental es de los pocos que mezcla el comercio lícito con ilícito. Los grupos criminales lo saben, y se aprovechan de ello.

Finalmente, la prevención y el cambio de aspectos culturales son clave para obtener resultados sostenibles a largo plazo. Ni la rana de hoja de lémur, ni la vaquita marina estarían en peligro crítico de extinción si no hubiera una demanda al respecto. Proteger su hábitat y la biodiversidad del planeta es responsabilidad de todos y todas.

Marc Reina, gestor temático del componente de cooperación policial de EL PAcCTO