Si bien la diversidad de pueblos indígenas es un elemento importante y permite que haya una variedad cultural y lingüística sin comparación, en muchos casos esta riqueza no se traduce en grandes comunidades. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, por sus siglas), en 2010, el país que tiene más diversidad de pueblos indígenas era Brasil, seguido de Colombia, México y Perú.
No obstante, algunos de los países latinoamericanos con menor variedad de pueblos tienen un porcentaje de población indígena y afrodescendiente, respecto a su población total, muy grande. Según datos publicados por el informe “El Mundo Indígena 2019” del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, este sería el caso de Bolivia, donde el 48% de la población es de origen indígena; Guatemala (45%), México (21,5%), Perú (12,5), Chile (9%), Ecuador (6,4%) y Colombia con el 3,4% de la población de origen indígena. Un caso paradigmático es Brasil, el cual tiene el mayor número de pueblos indígenas pero cuya representación en porcentaje de población total del país es únicamente del 0,6%.
Aun así, aunque en muchos países el porcentaje de población indígena es muy importante, se puede decir que, global y transversalmente, existe cierta invisibilidad de estas comunidades, sus costumbres ancestrales y las necesidades específicas, tanto sociales como de seguridad, que puedan tener. En muchos casos hay escasez de indicadores propios que midan el nivel de delincuencia que sufren los pueblos indígenas, lo cual fomenta la actuación/infiltración del crimen transnacional organizado.
Además, en muchos casos las tierras donde se encuentran la mayor parte de las comunidades indígenas, estén demarcadas o a la espera de serlo, tienen una riqueza extrema en biodiversidad y en recursos minerales, por lo cual atraen mucha atención por parte del crimen transnacional organizado.
Es importante tener en cuenta que, en numerosas ocasiones, las poblaciones indígenas, por su forma de vivir, cumplen unas funciones de preservación de la naturaleza, protección de la biodiversidad, guardianes de los ecosistemas y transmisión de aspectos culturales ancestrales, que otras comunidades, a veces, destruyen. Sin embargo, el valor inmaterial de su cultura, conocimiento y saber-hacer se puede estar perdiendo debido a la reducción constante en número de personas y comunidades.
La protección de las comunidades indígenas, un elemento esencial
La desaparición progresiva y, al parecer, imparable de los pueblos indígenas es un problema al que se enfrentan la mayor parte de países latinoamericanos con presencia de los mismos. Desde el año 2010 hasta el 2018, la comparativa entre los datos reportados por National Geographic y por CEPAL muestra que en Brasil han desaparecido 84 comunidades indígenas, en Colombia 19, en México 11 y en Perú 42.
La pérdida de pueblos está directamente vinculada a, tanto la falta y reducción de sus tierras ancestrales, como al impacto del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia ambiental en la región. El impacto del crimen organizado es tal en la región, que un 37% de todos los homicidios ocurridos a nivel mundial han sucedido en Latinoamérica (2020).
Es por este motivo que, desde la Unión Europea, en cooperación con nuestros países socios latinoamericanos y en el marco del Programa europeo EL PAcCTO hemos lanzado un “Estudio sobre el impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas en América Latina”. Este estudio se ha focalizado en tres casos específicos: Brasil, Colombia y México; y en la actualidad está siendo ampliado a Bolivia, Ecuador y Perú. El objetivo principal es identificar las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas, autóctonas y afrodescendientes, para articular un conjunto de acciones y respuestas comunes que permitan su protección y el florecimiento de sus costumbres, cultura y modos de vida tradicionales.
No podemos olvidar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, aprobado por las Naciones Unidas en 2015, explícitamente señala la importancia de «promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas» mediante la «promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles». En este sentido, la Unión Europea tiene un compromiso sólido ante América Latina y sus pueblos indígenas, en el respeto de los derechos humanos, la promoción del acceso a la justicia y la lucha contra la criminalidad transnacional organizada.
El binomio inseparable: comunidades indígenas y protección de la biodiversidad
Según el estudio publicado por el Programa europeo EL PAcCTO sobre el impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas de América Latina, los recursos naturales presentes en tierras indígenas han llevado a que, en los últimos años, las organizaciones criminales transnacionales hayan aumentado la violencia por el control y uso de estos territorios, llevando a un incremento de la violencia, los desplazamientos forzosos, coacciones, explotación (laboral, sexual) y el número de homicidios, entre otros.
En este sentido, en los últimos años, muchas regiones de América Latina se han convertido en un vector de conflictos por el auge de las actividades mineras, extracción ilegal de madera al cual muchas veces se sigue la ocupación del territorio con ganadería, explotación de hidrocarburos, la contaminación de los ecosistemas, etc. Estos delitos afectan de modo directo la vida de las poblaciones indígenas las cuales se ven privadas del acceso a su modo tradicional de vida y sus recursos, sufriendo una doble victimización como víctimas de delitos que les afectan directa e indirectamente.
Los datos de fuentes abiertas muestran una tendencia preocupante donde estos grupos criminales intentan, cada vez más, tener el control de tierras indígenas y de propiedad pública, debido a su riqueza, forzando a estas mismas comunidades a desplazarse para poder garantizar su seguridad y prosperidad.
Ejemplos de los problemas de seguridad que sufren muchas comunidades indígenas son el alto número de defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados cada año en América Latina y el mundo debido a la expansión de la industria minera ilegal, la deforestación y la agricultura y ganadería ilegal que requiere cada vez de más volumen de tierras. El informe del Global Witness de 2020 establece que en 2019 hubo 212 homicidios oficialmente declarados en el mundo, casi la mitad en América Latina. Además, Global Witness pone en evidencia una tendencia preocupante: la violencia contra los defensores ambientales aumenta año tras año.
Desde la Unión Europea, creemos que la protección de las comunidades indígenas pasa por la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Este es un binomio que no puede ser separado ni dividido dado el estrecho contacto entre ambos. Es por este motivo que celebramos la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Sin embargo, la operacionalización del Acuerdo de Escazú y el acompañamiento en la puesta en marcha de las recomendaciones de trabajo del estudio del Programa europeo EL PAcCTO para proteger y fortalecer el rol de las comunidades indígenas en la lucha contra el crimen organizado, es esencial. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los ecosistemas son destruidos y poblaciones vulnerables desaparecen debido a la incidencia de grupos criminales organizado.
La Unión Europea cree firmemente en la cooperación y la coordinación internacional para hacer frente a estos retos. Así como no tenemos un Planeta “B”, tampoco tenemos unas comunidades indígenas “C”.
Componente de cooperación policial.
21 de abril del 2021
16 horas (GMT+2)