En las últimas décadas, los avances tecnológicos han supuesto una novedad en el tratamiento de las distintas disciplinas y procedimientos judiciales, coadyuvando a agilizar mecanismos de investigación, tramitación, así como intercambio de datos entre los distintos operadores jurídicos, todo ello en pro de contener y evitar la globalización del delito.
Los distintos países trabajan con ahínco en perfeccionar sus medios de lucha interna contra la criminalidad, así como cooperar entre ellos y compartir con el resto de países los avances logrados, para facilitar una información accesible y directa de la legislación internacional, simplificando los procedimientos de cooperación judicial internacional y estableciendo herramientas informáticas que sean eficientes, esto es, que ahorren tiempo y costes.
Los países de Perú y Ecuador han demandado, a través de EL PAcCTO, dos asistencias técnicas que han puesto de manifiesto la necesidad de implantar una herramienta telemática de cooperación judicial internacional similar a la que opera en los diferentes países de la Unión Europea. Se ha analizado la situación existente y si ésta permite la implementación de la herramienta, así como un plan de futuro, sostenibilidad y monitorización a través del análisis de los resultados obtenidos en cada una de las fases del proceso.
Presentando herramientas informáticas y adaptándolas a la realidad de los países destinatarios
Durante las reuniones que he mantenido con los distintos actores de ambos países (magistrados, fiscales, miembros de Interpol, Cancillería, abogados, personal adscrito al Ministerio Público…) en las ciudades de Lima y de Quito, se analizaron las distintas herramientas telemáticas: Compendium, dentro de la Red Judicial Europea, Prontuario de Auxilio Judicial Internacional y Atlas Judicial Europeo dentro del Portal Europeo E-Justicia, entre otras, con el fin de poder valorar la adaptación de la estructura existente a los avances tecnológicos.
El balance de estos talleres ha sido rotundamente positivo, elaborándose un catálogo de recomendaciones, buenas prácticas y fijando el punto de partida para la efectiva implantación de una herramienta similar en el Perú y el Ecuador, donde las exigencias informáticas son aptas para ubicar la aplicación, a priori. Igualmente, se ha puesto de manifiesto que es una herramienta necesaria, pues incide en la reducción del tiempo en la tramitación de las Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI) a través de un sistema de estandarización de formularios y modelos; de amplios directorios de autoridades, actuando como asistentes para solventar dudas aplicativas, sirviendo como puntos de contacto de las distintas Redes Judiciales de cooperación y una vasta biblioteca normativa y de jurisprudencia para determinar las exigencias legales en cada caso, reduciendo igualmente el coste, ya que dicha herramienta incorpora un sistema de intercambio de formularios por correo electrónico y la traducción casi simultánea de los mismos a distintos idiomas.
Primeros avances para una cooperación judicial internacional más eficaz
El fruto de los encuentros mantenidos ha sido un documento de análisis de las posibilidades de mejora de la Cooperación Judicial Internacional a través de herramientas telemáticas que facilite el trabajo de todos los operadores jurídicos, dote de transparencia al sistema de cara al ciudadano y que permita multiplicar la resolución de los actos de cooperación jurídica internacional; con determinación de las necesidades futuras de acompañamiento por parte de El PAcCTO.
Ha sido un trabajo intenso, ambicioso que no es sino la punta del iceberg del despliegue de diferentes medidas de formación, de encuentros y asistencias especializadas, que también deben ir precedidas de necesarias reformas legislativas y, por supuesto, de la firme decisión y compromiso obtenido por parte de los distintos puntos focales.
En este contexto, corresponde valorar positivamente el desarrollo propuesto y ofrecido por EL PAcCTO, así como subrayar la acogida y el buen hacer de las distintas instituciones y autoridades del Perú y del Ecuador, comprometidas firmemente con el propósito de cualificar los sistemas judiciales existentes, los métodos de persecución del delito y de los delincuentes a través de una justicia moderna, avanzada, además de transparente que permita, como objetivo último, la lucha contra el crimen organizado y la más rápida y eficaz resolución de conflictos.
Juana García Soto, letrada de la Administración de Justicia de España