Las relaciones jurídicas entre la Unión Europea y América Latina son más intensas cada día y es una buena noticia ya que el buen funcionamiento de la justicia es clave para combatir la criminalidad organizada a ambos lados del Atlántico. En efecto, constituye una base para alcanzar la seguridad general y jurídica de los Estados, además de facilitar su desarrollo social y económico. En el actual contexto, el delito cometido en un punto del globo repercute inevitablemente en el resto y los grandes delincuentes actúan simultáneamente y con una gran capacidad de medios en varios países. Ya sea para preparar sus delitos, para ejecutarlos o para aprovecharse de sus beneficios.
Es una realidad que, en los últimos años, se nota un incremento de la asistencia jurídica mutua entre las autoridades judiciales de la Unión Europea y Latinoamérica. Sin embargo, es preciso establecer mecanismos innovadores de cooperación que permitan generar nuevos avances en las normas, las estructuras y las prácticas de las autoridades, para garantizar una mayor eficacia y luchar de forma más efectiva contra los grupos del crimen organizado. Es por esta razón que, el 23 de septiembre del 2020, el Programa “Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado” (EL PAcCTO) de la Unión Europea, gestionado por la FIIAPP y Expertise France con sus socios IILA y Camões, organizó una primera reunión – a distancia – de representantes de las redes de América Latina y la Unión Europea, en la que se pudo notar un fuerte interés de los participantes en desarrollar intercambios más regulares y mecanismos de trabajo y de cooperación más estables entre representantes de las dos regiones.
En este contexto, y en el marco de la presidencia portuguesa de la Unión Europea, EL PAcCTO organiza en Lisboa el segundo encuentro que vincula a las grandes redes de cooperación regional latinoamericanas, con presencia en ambos continentes, con las europeas. Todas ellas tienen encomendado el funcionamiento más eficaz de la justicia, en particular la lucha contra el crimen organizado, con el objetivo de alcanzar la mayor coordinación posible en las relaciones de cooperación de justicia entre ambas regiones. En el mundo que se prepara para afrontar la salida de la COVID-19, situación aprovechada por las organizaciones criminales, particularmente a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, esta reunión no es tanto una oportunidad cuanto una necesidad para adaptar la cooperación internacional a las nuevas circunstancias sociales y jurídicas.
El encuentro constituye una ocasión muy relevante de establecer vías para profundizar en las relaciones de trabajo conjunto en la cooperación jurídica internacional, procurando la extensión del funcionamiento de técnicas complejas como los equipos conjuntos de investigación, la mejora de los marcos de relación formal entre las instituciones jurídicas de ambos continentes, el aprovechamiento de las tecnologías para agilizar los actos de cooperación y el asentamiento de garantías comunes de todos los ciudadanos, como sucede con los derechos relacionados con la protección de los datos personales, entre otros. Se trata, en particular, de adaptar el ritmo de trabajo de jueces y fiscales al cada vez más vertiginoso de la delincuencia, propugnando las garantías que dan solidez y autoridad a la actuación de los Estados.
También es el momento de afrontar nuevas y crecientes necesidades planteadas por las sociedades contemporáneas. Las consecuencias de los grandes delitos medioambientales tienen unas consecuencias globales en la salud del planeta, de la biodiversidad y de la sociedad en su conjunto. Es preciso que las instituciones de ambos continentes reaccionemos, buscando las condiciones que permitan una mejor investigación, prueba y castigo de sus responsables. Además, la era digital que disfrutamos exige una protección real, de manera que los delitos relacionados con las tecnologías de información y comunicación puedan acreditarse de manera eficiente. Por consiguiente, es el tiempo de sentar las bases que permitan combatir unos desafíos cada vez más actuales y urgentes en la protección de los ciudadanos y las sociedades.
Los países latinoamericanos y europeos compartimos una misma cultura de respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos como fundamento de la democracia y el desarrollo social. También sufrimos las consecuencias de una delincuencia global. El encuentro entre las grandes instituciones regionales de ambas regiones en materia de justicia que tendrá ocasión en Lisboa se dirige a impulsar y actualizar los marcos de cooperación existentes, sentando compromisos y acciones que permitan poner en marcha nuevas técnicas de cooperación jurídica internacional para afrontar las necesidades del combate de la gran delincuencia actuales y futuras. Un gran desafío
Enrique Gil Botero. Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
Elena Martínez Rosso. Secretaria Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana
Jorge Abbott Charme. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)
Juan Gama. Director de EL PAcCTO
Xavier Cousquer. Director de EL PAcCTO