¿Cuáles son los principales retos de la cooperación internacional en el ámbito de la justicia entre la Unión Europea y América Latina en la actualidad?

La cooperación internacional, en particular la cooperación judicial y la cooperación policial, es uno de los pilares fundamentales de la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional.

Como sabemos, el crimen no conoce fronteras. Para cometer un delito en nuestros días, basta con pulsar la tecla de un ordenador para que sus efectos se produzcan a distancia, en otro país, hasta en la otra punta del mundo.

El internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han enfrentado a los Estados a nuevas realidades, ya sea en términos de cooperación bilateral o multilateral.

La investigación penal no puede detenerse en las fronteras de un Estado, ya que de lo contrario, toda la cadena penal – investigación, acusación, juicio, condena, cumplimiento de la pena – se vuelve ineficaz.

Es por esto que creo que uno de los grandes retos a los que se enfrenta la cooperación internacional es, de entrada, el de la necesidad de simplificar y acelerar los procedimientos y aproximar y modernizar los sistemas de justicia penal, respetando los derechos fundamentales, en el sentido de permitir el intercambio de información, la coordinación entre las autoridades nacionales competentes y la tramitación directa de las solicitudes, con refuerzo del papel de las autoridades centrales nacionales y el recurso a medios electrónicos de comunicación. Destaco aquí toda actividad destinada a obtener, conservar, reconocer y utilizar pruebas, especialmente pruebas electrónicas, obtenidas en un Estado distinto de aquel en el que se ha cometido el delito.

La cooperación judicial tradicional, lenta y burocrática, que privilegia la vía diplomática como canal de tramitación de los pedidos, no debe utilizarse ya en un mundo globalizado. No podemos luchar contra la delincuencia global del siglo XXI usando medios del siglo XIX.

Garantizar el recurso a canales directos y el uso de medios electrónicos significa ganar un tiempo precioso en la respuesta de las instituciones de justicia, contribuyendo también a la consolidación de la confianza mutua entre las autoridades judiciales de los países implicados.

La creación y consolidación de espacios regionales de cooperación y justicia es fundamental para el funcionamiento de la cooperación entre Estados a nivel global. Hacer frente, de esta manera, a los graves problemas comunes a los Estados de América Latina y la Unión Europea en la lucha contra las formas graves de delincuencia es el gran reto que enfrentamos para que nuestros ciudadanos se puedan sentir libres y seguros, en sus vidas y en sus derechos.

 

¿Qué puede hacer el ámbito de la justicia para afrontar la crisis del COVID-19? ¿Qué estrategias pueden y deben seguirse?

La pandemia del COVID-19 ha traído consigo un incremento de algunas formas de criminalidad, especialmente en grupos organizados vinculados a la falsificación y distribución de productos farmacéuticos de protección individual, como mascarillas y gel hidroalcohólico.

El confinamiento impuesto por el estado de emergencia ha tenido un impacto inevitable en el funcionamiento de los tribunales, los servicios judiciales y la investigación penal. Para dar respuesta a esta realidad, se han aprobado planes de contingencia en todas las entidades y servicios del Ministerio de Justicia, buscando, por un lado, salvaguardar la salud de los trabajadores y, por otro, minimizar los efectos sobre los ciudadanos y otros operadores judiciales.

Además, se ha pasado a prestar servicio a través de medios electrónicos, siempre que los servicios a prestar no requiriesen la presencia física de las personas, junto con la preocupación de no dejar a nadie de lado en su derecho de acceso a la Justicia, especialmente las personas más necesitadas y las que no disponen de medios para acceder o utilizar internet.

Se ha fortalecido la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de Violencia Doméstica y se han adoptado medidas preventivas para proteger la salud de la población penitenciaria. En los tribunales, en las diligencias que requieren la presencia física de las partes, sus representantes u otros actores procesales, las sesiones se realizan mediante comunicación a distancia. Si no es posible practicar la diligencia a distancia, la misma se realiza presencialmente siempre que sea posible cumplir con el número máximo de personas y demás normas de seguridad definidas por la Dirección General de Salud.

En el contexto de la Unión Europea, el Portal Europeo de Justicia facilitó una visión general de las medidas adoptadas para responder a la pandemia de COVID-19 y que afectan al sistema judicial, a las autoridades nacionales y a los profesionales del derecho, así como a las empresas y a los ciudadanos. La propia COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos) dispone ahora en su portal de información facilitada por sus miembros sobre las medidas tomadas en el ámbito de la Justicia.

Es decir, ya se ha trabajado, a nivel nacional en cada país, tanto a nivel europeo como en el espacio iberoamericano, en relación a la respuesta de los sistemas judiciales a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, este trabajo no termina aquí, pudiendo profundizarse el debate, en el marco de EL PAcCTO, sobre medidas o recomendaciones concretas y concertadas para algunos sectores, especialmente para el sistema de administración penitenciaria, para evitar la propagación del virus y también para garantizar el respeto por los derechos humanos.

 

¿Qué experiencias positivas implementadas por el Ministerio de Justicia de Portugal le parecen interesantes para compartir con nuestros colegas de las instituciones judiciales latinoamericanas?

La modernización de la Justicia es un ámbito en el que estoy personalmente comprometida.

Desde 2015, el Ministerio de Justicia ha estado apostando intensamente por la modernización del sistema judicial, con la introducción de nuevos procedimientos y tecnologías y la implementación de medidas de naturaleza administrativa y legislativa, para acercar la Justicia a los ciudadanos y contribuir así al fortalecimiento del Estado de Derecho democrático y al fortalecimiento de la ciudadanía.

Entre otras iniciativas, me gustaría mencionar el Plan de Acción Justicia + Próxima, a través del cual se pretende contribuir al desarrollo de una justicia ágil, transparente, humana y más cercana al ciudadano.  Ágil, al promover la simplificación de los procesos y procedimientos, así como la adopción de metodologías y herramientas tecnológicas que contribuyan a una mayor eficiencia. Transparente, al comprometerse a brindar, de manera continuada, información y datos de relevancia a los diferentes agentes del sector y a la ciudadanía Humana, al responder a las necesidades reales de los diferentes públicos objetivo. Y más próxima al ciudadano, al colocar la relación con el ciudadano en el centro de su actividad, simplificando y clarificando el lenguaje y la información brindada, poniendo a disposición nuevos y variados servicios y garantizando una presencia multicanal.

Aunque se encuentra en fase de consulta pública, también me gustaría referirme a la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción 2020-2024, que es el primer instrumento aprobado en Portugal en este campo y que, al involucrar no solo al sector público sino también al sector privado, esperamos que contribuya a fortalecer la transparencia, garantizar la igualdad de trato para todos los ciudadanos y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho.

 

¿En qué áreas específicas se debe fortalecer la coordinación entre las instituciones judiciales europeas y latinoamericanas?

Se podría afirmar que ya se ha logrado un alto nivel de cooperación entre las instituciones judiciales de Europa y América Latina. Ejemplo de ello es la cooperación desarrollada en el contexto de la COMJIB y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica (IberRed) o la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la Cumbre Judicial Iberoamericana. O, si queremos, a un nivel más amplio, la cooperación existente entre algunos países latinoamericanos y EUROJUST y EUROPOL.

También se ha impulsado la coordinación, como ha ocurrido en el contexto del Programa EUROSOCIAL y también de este Programa EL PAcCTO. Esta coordinación no solo debe promoverse, sino que también es deseable para crear sinergias entre todos los actores involucrados y aprovechar mejor los recursos humanos y financieros disponibles.

Creo, por tanto, que la realización de reuniones como el “Encuentro de Instituciones de Justicia de América Latina y la Unión Europea”, recientemente realizado por EL PAcCTO, que se convocará con cierta frecuencia, es un medio adecuado para reforzar esa coordinación.

Las áreas en las que se puede fortalecer la coordinación podrían ser las de la modernización de la Justicia, los Derechos Humanos, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el blanqueo de capitales, la administración penitenciaria y la protección de las víctimas del delito, en sus diversas vertientes, que creo que son las que aún necesitan profundizarse.

 

¿En qué sentido y en qué aspectos debe avanzar la cooperación en materia de justicia entre la Unión Europea y América Latina en la lucha contra el crimen organizado?

Si bien soy consciente de las dificultades que pueden existir en el espacio latinoamericano, la cooperación en materia de justicia debe avanzar hacia la aceptación del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, como es el caso hoy en la Unión Europea y cuyos resultados positivos son conocidos.

Sé bien que es un camino difícil, que requiere tiempo y que depende de compromisos de diversa índole, también políticos. Pero es un camino fundamental si queremos avanzar hacia una justicia que cuente con mecanismos que permitan celeridad en la tramitación y eficacia en los resultados. Tomemos el caso de la Orden Europea de Detención y Entrega, que puso fin al clásico instituto de la extradición, permitiendo la entrega de personas de un Estado a otro en un corto período de tiempo, sin el mecanismo de control de la doble incriminación en relación a las infracciones más graves.

Como ya he dicho, el crimen organizado no entiende de fronteras y recurre cada vez más al internet y las nuevas tecnologías y al uso de nuevos métodos para hacer desaparecer los beneficios obtenidos con sus actividades o legitimarlos a través del sistema financiero o de algunas actividades y profesiones no financieras, utilizando activos virtuales o criptomonedas.

Es por ello que la cooperación en materia de justicia debe avanzar decididamente hacia materias como la ciberdelincuencia, incluida la prueba electrónica, el blanqueo de capitales a través del comercio y los nuevos medios de pago, asociados también a delitos contra el medio ambiente, como la minería ilegal y la tala ilegal de árboles, así como el tráfico de especies protegidas de fauna y flora, tan común en la región latinoamericana.

 

¿Cómo valora el trabajo de EL PAcCTO en el fortalecimiento de las instituciones de justicia de la Unión Europea y América Latina?

El Programa EL PAcCTO ha realizado una valiosa contribución al fortalecimiento de las instituciones de justicia y a la profundización de la cooperación entre la UE y América Latina, tanto en términos de cooperación judicial y policial como también en términos de administración penitenciaria, aportando a este ámbito geográfico no solo los desarrollos logrados a nivel legislativo, sino también operativo, en nuestros Estados y también en la Unión Europea, contribuyendo a la reforma de los sistemas penitenciarios, a través de mejorar la formación de sus actores, a la mejora de las condiciones de los presos y a garantizar el respeto por los derechos humanos.

Sabíamos que este Programa era una iniciativa que contaba con todas las condiciones para alcanzar los objetivos marcados, ya sea por los Estados Miembros involucrados y la experiencia con que cuenta cada uno de ellos, ya por los lazos históricos que nos unen con América Latina. Por eso, hemos apoyado su creación desde el primer momento y hemos expresado nuestro deseo de formar parte del mismo.

 

Ministra de Justicia, Francisca Van Dunem.