Alternative measures to prison during and after the pandemic
América Latina / Covid-19

Medidas alternativas a la prisión durante y después de la pandemia

22 May 2020

En septiembre de 2019, los programas de la Unión Europea, EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD II organizaron la “Conferencia birregional sobre el desarrollo del uso de medidas alternativas a la privación de libertad” en Montevideo, Uruguay. En esta Conferencia, representantes al más alto nivel de los ministerios encargados de los asuntos penitenciarios, de los Poderes Judiciales y Cortes Supremas de Justicia de Latinoamérica acordaron una declaración final: la Declaración de Montevideo.

Un compromiso por el desarrollo de un uso más sistemático de las medidas alternativas a la privación de la libertad para los delitos más leves. También para las personas que no representan un peligro para la comunidad.

En la situación actual de emergencia sanitaria y como seguimiento a la Declaración de Montevideo, los tres programas regionales de la UE han organizado un webinario el próximo 3 de junio. El objetivo es  analizar el uso de las medidas alternativas a la prisión en el contexto de la COVID-19 y los retos de futuro.

Los centros penitenciarios ante la pandemia COVID-19

La situación en la que se encuentran los sistemas penitenciarios en América Latina, ya de por si preocupante por el hacinamiento (en algunos países sobrepasan el 300% de su capacidad) y las deficientes condiciones de reclusión (insuficiente acceso al agua potable o falta de higiene), se ha visto agravada en las últimas semanas por la emergencia sanitaria derivada de la expansión del virus SARS-CoV-2 que origina la enfermedad COVID-19.

La imposibilidad de distanciamiento social hace que las personas privadas de libertad se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. Son susceptibles de sufrir un mayor contagio. Además, existen determinados grupos considerados de mayor riesgo. Bien sea por su edad, por sufrir patologías previas, mujeres embarazadas o con hijos menores en prisión. Esta tensión ha tenido un reflejo en los múltiples motines y protestas que se han producido en las últimas semanas en algunos centros penitenciarios de varios países. Algunos ejemplos son  Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Brasil o Francia e Italia.

Los grupos criminales organizados aprovechan la situación para expandir su poder en los centros penales y para organizar motines y rebeliones. El ojbetivo es obtener beneficios para sus líderes. El crimen organizado juega en las instituciones penales un rol importante logrando responder de forma más inmediata a cualquiera exigencia de un detenido.

EL PAcCTO apuesta por medidas alternativas a la privación de libertad

Desde EL PAcCTO consideramos que las medidas alternativas a la privación de libertad son una herramienta eficaz para evitar el hacinamiento. También para prevenir los efectos letales de la pandemia COVID-19 en las prisiones, para garantizar los derechos humanos y para luchar de contra el crimen organizado. Deben implementarse durante y después de la crisis sanitaria.

Por este motivo, el pasado 6 de mayo organizamos un webinario para analizar qué medidas judiciales han sido implementadas en la Unión Europea y Latinoamérica. Más de 80 representantes de sistemas de justicia y penitenciario de 17 países de la UE y Latinoamérica compartieron sus experiencias en la materia.

Además, se ha realizado una evaluación regional para que todas las instituciones de la cadena penal cuenten con los mejores medios para tratar con detenidos.  

A estas dos acciones se une el webinario que organizamos junto a EUROsociAL+ y COPOLAD II previsto para el 26 de mayo.

En general, entre 2018 y 2019 hemos implementado 66 actividades sobre “medidas alternativas a la privación de libertad” con un presupuesto de más de 260 mil euros. Hemos trabajado en este sentido con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Además, hemos colaborado con instituciones como la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Conferencia de Ministros de Justicia o ILANUD. Así mismo, hemos cooperado con la OEA y con el BID.

En 2020 esperamos implementar 51 actividades más sobre este tema, condicionados siempre a la evolución de la pandemia.

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