El Artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños entiende la trata como: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción…. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”
Sin embargo, aunque el Protocolo no diferencie claramente entre la “trata de personas” y el “tráfico de personas”, éstos sí que son conceptos distintos. El tráfico de seres humanos ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. En el caso de la trata, no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que éste es un elemento necesario para la comisión del tráfico.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) calificó la trata de seres humanos en 2016 como el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial por detrás del tráfico de armas y del tráfico de drogas.
En América Latina, los datos no son mejores que a nivel internacional. Aunque no existen cifras concretas sobre el impacto de la trata, en 2014 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que únicamente para la trata con fines de explotación sexual se podrían contar unas 400.000 víctimas anuales en América Latina y que los beneficios generados tanto en la explotación laboral como sexual conjuntamente ascienden a 12.000 millones de dólares anuales.
Los grandes retos son, por un lado, la falta de marcos legales claros, especialización en técnicas de investigación tanto en la policía como en los ministerios públicos o procuradurías generales, y protocolos de actuación de las instituciones de la cadena penal; y, por otro, los escasos mecanismos existentes de protección para las personas víctimas de trata y tráfico.
El programa EL PAcCTO reafirma su compromiso para apoyar a las instituciones de Latinoamérica encargadas de luchar contra esta problemática. Por este motivo, su Plan de Acción de este año recoge varias actividades en distintos países que ya han mostrado su compromiso para luchar contra la trata y tráfico de seres humanos.
De hecho, ya se ha realizado el primer Taller para el Intercambio de Información en torno a la materia. Policías y fiscales especializados de 13 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) han compartido experiencias y han trabajado juntos sobre casos concretos, con el objetivo de conseguir una mayor cooperación policial y judicial entre ellos. Además, en Paraguay se han organizado varios encuentros para fortalecer los mecanismos y procedimientos de investigación.
Dada la diversidad de los tipos de trata y tráfico, no existe un perfil típico de la víctima. Las víctimas son seleccionadas independientemente de su género, su edad o su situación, aunque en el caso de América Latina predominan las personas que provienen de zonas vulnerables y/o económicamente deprimidas. En muchos casos, las víctimas cruzan voluntariamente las fronteras de los países o se mudan a otra región dentro del mismo país, aunque generalmente al llegar al destino son engañadas y obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas.