Ciento cincuenta representantes de más de treinta países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea han reflexionado sobre el uso de medidas alternativas a la privación de libertad en una conferencia birregional organizada en Montevideo por tres programas regionales de cooperación de la Unión Europea (COPOLAD II, EL PAcCTO y EUROsociAL+), y que que contó con el apoyo de AUCI, la Junta Nacional de Drogas (JND) y el Ministerio del Interior.
Asimismo, analizaron cómo estas medidas contribuyen a luchar de forma eficaz contra el crimen organizado, favorecen la reinserción social y destacaron la necesidad de una coordinación interinstitucional para desarrollar de forma efectiva el uso de medidas alternativas para todos los países.
Al finalizar el evento, los miembros participantes emitieron una declaración conjunta en la que abogan por el desarrollo de un uso más sistemático de las medidas alternativas a la privación de la libertad para los delitos más leves y las personas que no representan un peligro para la comunidad.
El documento recomienda prestar especial atención a las mujeres que han cometido infracciones menores o no violentas, al ser un grupo poblacional con factores de especial vulnerabilidad y afectado por una situación de discriminación y desigualdad estructural.
Durante la conferencia, de dos días de duración, se presentó un «Catálogo de medidas alternativas a las penas privativas de libertad» que resume las principales herramientas que se aplican en los distintos países de Latinoamérica y pone de manifiesto que la prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia, ya que numerosos estudios internacionales indican que esta se transforma en una escuela de crimen.
“Sabemos que este tema genera reticencias en sectores de la opinión pública pero necesitamos trabajar en sensibilizar a los diferentes actores y a la sociedad en su conjunto. Debemos informar sobre las consecuencias del crecimiento de las tasas de encarcelamiento y sobre las ventajas del uso de medidas alternativas a la privación de libertad”, sostuvo Jorge de la Caballería, jefe de unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea.
En tanto, Andrea Vignolo, Directora Ejecutiva de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), expresó que la problemática de las personas privadas de libertad y las penas son de orden global.
En ese sentido, subrayó que “la cooperación internacional, a través de los distintos instrumentos como la CSS, regional y bilateral, cumple un rol estratégico al acercar experiencias exitosas y lecciones aprendidas que nos permiten avanzar hacia el cumplimiento de todos los estándares y de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en la que nos propusimos no dejar a ningún país atrás”.
“Para avanzar hacia la obtención de mejores sociedades, hay que generar oportunidades para que todos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de vida en cualquier lugar en el que estemos”, concluyó.
Durante la última jornada de la actividad se llevaron a cabo cuatro talleres de trabajo en los que los participantes debatieron sobre el costo de las políticas penitenciarias, el uso de medidas alternativas para delitos leves, la inserción como vía para la cohesión social y el abandono del delito y las medidas alternativas a la privación preventiva.
En la conferencia también han participado Claudia Liebers Gil, responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia de COPOLAD II; Juan Gama y Xavier Cousquer, directores de EL PAcCTO; y Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+. Los expositores coincidieron en la importancia de poner foco en las desigualdades que impulsan a personas a actuar al margen de la ley, la lucha contra el crimen trasnacional organizado y el análisis y desarrollo de políticas de reducción de oferta y demanda de drogas.