El Taller sobre “La especialización jurisdiccional frente al crimen organizado”, celebrado en Costa Rica ha convocado a altos representantes de los poderes judiciales de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay (representando también la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana) además de ILANUD y, para la moderación de los debates, se ha contado con especialistas del poder judicial de España y del Ministerio de Justicia de Francia.

En los intercambios se ha dado cuenta de las diferencias existentes entre los órganos judiciales de los países representados en el Taller, tanto en función de la materia que enjuician como de su funcionamiento. En este sentido, el Taller ha ofrecido un espacio para la colaboración y el trabajo conjunto con el objetivo de articular una “Propuesta para el abordaje del crimen organizado en Iberoamérica” ante los países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esta propuesta propone un análisis y reflexión no sólo desde una perspectiva iberoamericana y alineada especialmente con el objetivo 16 de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que va más allá del ámbito penal, identificando medidas de prevención y ejes transversales de la actividad jurisdiccional, que incluya aspectos asociados a la ética y las condiciones mínimas que deben tener los juzgadores para desarrollar su labor y de esta manera evitar la injerencia del crimen organizado en las instituciones judiciales.

Entre los principales consensos y resultados obtenidos en del taller, recogidos en la propuesta elaborada, destaca la importancia de “generar espacios de diálogo entre los Poderes Judiciales, Consejo de la Judicatura y Tribunales Supremos de Justicia de los países, de manera conjunta e intersectorial con las instituciones nacionales,  regionales y de Iberoamérica, para concretar iniciativas que favorezcan la comunicación y visibilicen los esfuerzos que se puedan ir generando en pro del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional entre los diversos actores”.

Esta propuesta está en línea también con algunos de los fundamentos expuestos en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y De Gobierno en Andorra de abril de 2021 y el comunicado especial sobre la cooperación iberoamericana de lucha contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y el tráfico de personas y se inserta en el Ciclo político de justicia compartido, impulsado por el PAcCTO tras el Encuentro de Lisboa en junio de 2021, para sentar las bases en la definición de estándares de funcionamiento de la justicia que respondan a los retos presentes y futuros.